La propuesta de los choferes para importar combustibles a través de la supuesta empresa Pegasus terminó revelándose como un montaje sin respaldo legal.
Según explicó YPFB, Pegasus nunca presentó documentación básica: ni papeles de constitución, ni registros oficiales, ni los requisitos mínimos exigidos por norma. Aun así, intentó imponer reglas hechas “a su medida”, aprovechando la presión del gremio del transporte.
El director de Comercialización de YPFB, Marcos Durán, fue claro: la compañía no cumplió ni un solo trámite formal y su planteamiento vulneraba el Decreto Supremo 29506, que regula las importaciones de hidrocarburos en Bolivia.
El episodio dejó en evidencia cómo un proyecto promovido como “solución” para el transporte se convirtió en un intento fallido de negociar con una empresa fantasma, dejando al descubierto la falta de seriedad detrás de la propuesta.
