La población de Punata, en Cochabamba, vuelve a estremecerse por un caso de violencia contra los animales. Un hombre de 25 años, con antecedentes por zoofilia, fue denunciado nuevamente por abusar de una oveja, generando un clima de indignación y desconfianza hacia el sistema judicial.
Los defensores de los animales advierten que la reincidencia del acusado refleja una falla grave en la aplicación de la Ley 700, destinada a proteger a los animales contra actos de crueldad y maltrato. “No puede quedar libre otra vez, la cárcel es la única respuesta”, señaló la activista Marlene Robles, al denunciar la falta de fiscales especializados en la normativa.
Las organizaciones animalistas reclaman al Ministerio Público designar un fiscal con experiencia en la materia y fortalecer la coordinación con Zoonosis, pues las audiencias suelen suspenderse por vacíos legales que terminan favoreciendo a los agresores.
La amenaza de impunidad ha movilizado a colectivos de protección animal, que ya evalúan protestas en las calles si la justicia no aplica una sanción ejemplar. Para ellos, este caso no es un hecho aislado, sino una muestra del abandono institucional en la defensa de los derechos de los animales en Bolivia.
