El descontento de transportistas y conductores por el combustible defectuoso ya no pudo ser ignorado. El Gobierno boliviano conformó este miércoles una Comisión Interinstitucional que promete vigilancia permanente y una auditoría forense para descubrir dónde comenzó la cadena de irregularidades que afectó al diésel y la gasolina en el país.
La comisión reúne al Viceministerio de Defensa del Consumidor, la Asociación de Surtidores (Asosur), la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y la Federación de Choferes Chuquiago Marka, quienes anunciaron que el objetivo es “limpiar la duda” sobre la calidad del combustible que circula en Bolivia.
Más allá de simples verificaciones, la auditoría forense pretende establecer responsables concretos, identificando el momento y lugar en que se alteró la calidad del producto. “Se debe determinar quién falló y asumir consecuencias”, advirtió Orlando Encinas, gerente de la CAB, señalando los daños que ya enfrentan vehículos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
El viceministro Jorge Silva adelantó que se realizarán controles semanales y aleatorios tanto en surtidores como en las plantas de almacenaje de YPFB, para cerrar cualquier margen de impunidad.
Desde Asosur, Carla Zuleta aclaró que los surtidores no producen el combustible, por lo que la investigación debe apuntar a las instancias que lo distribuyen y supervisan.
La crisis del combustible defectuoso se convierte así en un nuevo frente de presión para el Gobierno, que debe responder a la exigencia ciudadana de transparencia y castigo a los responsables.
