En una sesión cargada de tensión política y reclamos cruzados, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada una ley de emergencia que habilita a empresas privadas a importar y vender diésel y gasolina, con el objetivo de frenar el desabastecimiento que golpea a distintos puntos del país.
El proyecto, respaldado por una ajustada mayoría, revela un nuevo bloque político entre legisladores de Creemos, Comunidad Ciudadana y representantes del oriente, mientras el sector evista del MAS votó en contra y denunció una “entrega del mercado energético al sector privado”.
La norma, que será promulgada en las próximas horas, concede un plazo de 90 días para que los operadores privados ingresen combustibles sin pagar impuestos, bajo control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que deberá autorizar cada solicitud en un máximo de 48 horas. También impone sanciones a quienes acaparen o especulen con precios, buscando evitar un nuevo foco de crisis en el abastecimiento.
Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, celebró la medida como “una victoria ciudadana frente a la inacción del Estado”. Sin embargo, economistas y sectores sociales advierten que la apertura podría ser solo un alivio temporal frente a un problema estructural que arrastra el país desde hace meses.
