El hallazgo sin vida del exjuez Fernando Marcelo Lea Plaza en su casa de La Paz desató una tormenta de dudas y sospechas. Cumplía detención domiciliaria por el polémico caso ‘Consorcio’, cuando su abogada, Zuleika Lanza, denunció que su cliente fue víctima de un “homicidio-suicidio” provocado por el acoso y las amenazas que recibía para cambiar su testimonio.
Lea Plaza había denunciado públicamente presiones desde altas esferas judiciales y políticas. Era considerado testigo clave, pues fue quien firmó la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que involucró a nombres de peso como el exministro de Justicia César Siles y el magistrado suplente Iván Campero.
Doce horas después del hecho, ni la Policía ni la Fiscalía ofrecieron una explicación oficial. Mientras tanto, la abogada insiste en que su defendido fue silenciado por negarse a ceder ante la coacción. El caso, que ya estremecía al sistema judicial, ahora deja una sombra más oscura sobre los mecanismos de poder en Bolivia.
