La crisis por los bloqueos llegó a un punto límite cuando personal de salud denunció que fue obligado a pagar dinero, combustible y hasta hojas de coca para poder trasladar pacientes en estado crítico. El Gobierno alertó que, en varios puntos del país, las ambulancias están siendo retenidas como si fueran moneda de cambio en medio de la protesta.
Uno de los casos más graves ocurrió en la comunidad de El Tolar, en La Paz, donde una mujer con riesgo de aborto quedó atrapada porque los movilizados impidieron el paso del vehículo médico. Según la denuncia oficial, el personal fue agredido físicamente, amenazado y sometido a actos de violencia mientras intentaba cumplir su labor.
Situaciones parecidas se repitieron en Cochabamba, donde una madre y su hijo que viajaban desde Santa Cruz no lograron llegar a un hospital debido a los cortes de ruta. Para las autoridades, estos hechos ya no son simples medidas de presión, sino acciones que ponen en peligro directo la vida de personas inocentes.
Desde el Ministerio de Salud se advirtió que impedir el trabajo de médicos y ambulancias es un delito grave y se pidió a los grupos movilizados que permitan el libre tránsito de los vehículos de emergencia. “La salud no puede ser rehén de ningún conflicto”, fue el mensaje del Gobierno frente a una situación que sigue escalando.
