El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda, informó que la institución abrió una investigación administrativa contra la Fundación Comunicación Libertad y Democracia y seis radios de la cadena “Onda Colectiva” por haber obtenido licencias y frecuencias de manera poco transparente durante la gestión del presidente Luis Arce.
La fundación logró inicialmente su personería jurídica como organización “sin fines de lucro” y, bajo esta figura, consiguió seis licencias de funcionamiento y un igual número de frecuencias en La Paz, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba. Según Ágreda, hasta el momento no figura el nombre de la exviceministra Gabriela Alcón en los documentos revisados por la ATT.
No obstante, la diputada Lissa Claros, de la bancada Libre, sostiene que Alcón es propietaria de estas emisoras y que obtuvo la personería jurídica mediante tráfico de influencias. La legisladora presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que vincula a Alcón y a exfuncionarios del Viceministerio de Comunicación con la obtención de las licencias.
Ágreda explicó que las radios de Onda Colectiva operaban bajo un régimen comunitario, pero parecían desempeñar funciones propias de emisoras comerciales, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia en la asignación de frecuencias. Además, se hallaron contratos entre la cadena y el Ministerio de la Presidencia, enviados a la cartera estatal para verificar su legalidad.
La ATT inició la revisión interna de oficio tras conocer la denuncia penal, analizando los expedientes y detectando elementos que podrían no cumplir con la normativa. El director advirtió que, en caso de confirmarse irregularidades, la entidad podría retirar las frecuencias otorgadas a las emisoras.
La denuncia de la diputada también detalla que Alcón habría recibido trato preferencial en la asignación de publicidad estatal, con contratos de YPFB por más de 650 mil bolivianos y beneficios superiores a 2 millones de bolivianos con solo tres contratos estatales, lo que constituiría un perjuicio económico para el Estado. Claros solicitó a la Fiscalía investigar el patrimonio y las cuentas bancarias de Alcón, así como su arraigo y detención inmediata, y citó a exfuncionarios como testigos.
Por su parte, uno de los socios de Onda Colectiva indicó que no ha sido notificado formalmente de la denuncia y que consultará a un abogado antes de declarar. La exviceministra Alcón no respondió a los pedidos de entrevista, y las emisoras parecen haber dejado de operar el 31 de diciembre, fecha de la última actividad registrada en sus redes sociales.
