El intento de trasladar el registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo encendió alertas en el Consejo de la Magistratura, que observa en la propuesta más riesgos que soluciones. Desde la Sala Plena se advierte que modificar la dependencia institucional del sistema podría debilitar la seguridad jurídica y abrir espacio a interferencias políticas en un ámbito sensible vinculado a la propiedad privada.
La iniciativa legislativa surge en medio de cuestionamientos al funcionamiento actual del sistema registral, marcado por denuncias de irregularidades, burocracia y retrasos. Sin embargo, para la Magistratura, estas falencias no justifican un cambio estructural que según sostiene podría vulnerar principios como la independencia de poderes y comprometer el resguardo de información patrimonial.
Aun así, el órgano judicial no cierra la puerta al debate y plantea encarar una reforma desde adentro, enfocada en modernización tecnológica, transparencia y eficiencia. El escenario queda abierto a una discusión más amplia, donde se enfrentan dos visiones: transformar el sistema desde su raíz o corregirlo sin alterar su rol dentro del aparato judicial.
