España dio un giro clave en su política migratoria al aprobar una regularización masiva que permitirá a cerca de 500.000 personas salir de la informalidad y acceder a empleo legal y derechos básicos. La medida apunta tanto a una deuda social como a una necesidad económica en un país con población envejecida.
El plan está dirigido a quienes ya viven en territorio español, exigiendo pruebas de permanencia previa a 2026, residencia continua y antecedentes limpios. A cambio, los solicitantes podrán trabajar de forma provisional mientras avanza su trámite, en un proceso que será escalonado para evitar el colapso administrativo.
Aunque sectores empresariales y sociales respaldan la decisión por la demanda de mano de obra, la medida ha encendido tensiones políticas. Mientras el Gobierno la defiende como una solución estructural, la oposición advierte riesgos, en un debate que vuelve a poner la migración en el centro de la agenda pública.
