Sectores sociales radicalizaron sus medidas de presión el lunes mediante marchas masivas que derivaron en saqueos y destrozos en la sede de gobierno, tras cumplir más de dos semanas de movilizaciones en todo el país en rechazo a las políticas económicas y agrarias del Ejecutivo. Las organizaciones afiliadas a la COB y bloques evistas exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dejando a la urbe paceña semiparalizada, con al menos 15 puntos de bloqueo activos y bajo una fuerte escalada de violencia urbana.
Desde la madrugada, miles de mineros, campesinos y fabriles descendieron desde El Alto y otros puntos estratégicos en una marcha marcada por detonaciones de cachorros de dinamita y amagos de enfrentamiento con los vecinos. Ante la amenaza, un fuerte contingente policial cercó los accesos a la Plaza Murillo para evitar que se repitieran los ataques con explosivos registrados en días anteriores.
Choques en el centro y afectación a servicios públicos
Cerca del mediodía, la tensión estalló en los alrededores del kilómetro cero, desde donde los manifestantes intentaron romper las barreras de seguridad, obligando a la Policía a usar gases lacrimógenos. Los disturbios se dispersaron rápidamente y afectaron puntos clave de la ciudad:
- Suspensión de Mi Teleférico: El servicio de transporte por cable interrumpió operaciones en varias líneas tras registrarse destrozos en las estaciones y agresiones a los guardias.
- Asalto a sede judicial: Un grupo rebasó el Tribunal Departamental de Justicia, destrozando oficinas y lanzando expedientes y mobiliario por las ventanas. También se reportaron daños en la Fiscalía.
- Incendio de vehículos: En las puertas de la Felcc, manifestantes quemaron una patrulla y una motocicleta policial para exigir la liberación de civiles arrestados.
Acciones judiciales y denuncias de "violencia armada"
La jornada de protestas cerró con cerca de 100 personas aprehendidas y decenas de heridos en diferentes sectores, afectando a policías, periodistas y mineros. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la presencia de grupos civiles con armas de fuego que habrían sido organizados por la dirigencia del conflicto.
“No es necesario que corra más sangre de los bolivianos”, sentenció el portavoz oficial.
De forma paralela, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la Comisión de Fiscales de La Paz emitió mandamientos de aprehensión contra los principales líderes de las protestas, tras una denuncia formal del Ministerio de Gobierno. Los procesados bajo cargos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, financiamiento al terrorismo y atentados contra los servicios públicos son:
- Mario Argollo: Secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).
- David Quispe Machaca: Secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
- Nilton Condori Alanoca: Senador suplente por Alianza Libre.
- Dirigentes nacionales: Juan Héctor Huacani, Justino Apaza y Winston Jemio Quispe.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz se defendió públicamente de las movilizaciones acusando de manera directa al narcotráfico y al exmandatario Evo Morales de articular un plan de desestabilización contra su mandato.
Convocatoria al diálogo institucional
Ante la escalada de la crisis y las acciones penales en curso, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto intervinieron de urgencia para solicitar un cese a las hostilidades y la instalación de una mesa de negociación denominada "Diálogo por el Bien Común".
“Frente a la presencia de la violencia, invocamos la fecundidad del diálogo”, manifestaron las instituciones en un pronunciamiento conjunto firmado por monseñor Giovanni Arana y los titulares de las entidades mediadoras.
Pese a la convocatoria oficial para activar el denominado "Diálogo por el Bien Común", las bases movilizadas mantienen sus piquetes provinciales y la tensión sigue latente tras las órdenes de captura emitidas contra sus principales portavoces.
