La Central Obrera Boliviana (COB) determinó mantener de forma invariable sus medidas de presión y descartó cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno mientras no se cumpla su principal exigencia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta postura fue oficializada a través de las resoluciones aprobadas en su reciente Ampliado Nacional de Emergencia.
El documento emitido por la máxima organización sindical del país condiciona de forma estricta cualquier acercamiento político. Como primer punto, la COB demanda el cese inmediato de lo que califica como "persecución judicial" en contra de su secretario ejecutivo, Mario Argollo, exigiendo la anulación de las órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Asimismo, el sector movilizado solicita el retiro de todas las denuncias y procesos legales abiertos por instancias gubernamentales contra dirigentes sindicales, además de la liberación de los ciudadanos detenidos en las últimas protestas.
Ante los cuestionamientos sobre el trasfondo de las movilizaciones, la entidad matriz de los trabajadores aclaró que no permitirá que actores políticos ajenos o exautoridades intenten atribuirse la representación de las protestas. Según el manifiesto, las acciones actuales responden estrictamente a una "lucha legítima y reivindicativa" de las bases sociales y sindicales.
El ampliado ratificó que las movilizaciones y bloqueos no se levantarán, enfatizando que la única salida al conflicto pasa por la dimisión del jefe de Estado.
Pese a la radicalidad de las medidas, la COB reiteró la instrucción obligatoria de garantizar el funcionamiento permanente de corredores humanitarios en todos los puntos de bloqueo. Esta disposición instruye el paso libre para ambulancias, personal médico, insumos de salud, oxígeno y alimentos de primera necesidad, así como la prioridad de tránsito para sectores vulnerables como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
