La ciudad de El Alto volvió a marcar el pulso de la conflictividad social en Bolivia. En un cabildo multitudinario convocado por organizaciones vecinales, sindicales y sociales, la decisión fue clara y sin matices: no habrá diálogo con el Gobierno y las movilizaciones continuarán en las calles.
Lejos de abrir una puerta a la negociación, el encuentro se convirtió en un espacio de reafirmación política. Los sectores movilizados no solo ratificaron su rechazo a la gestión del presidente Rodrigo Paz, sino que endurecieron su postura al exigir su renuncia, en medio de un clima de creciente tensión.
El discurso dominante giró en torno a la defensa de los recursos naturales y los territorios de los pueblos originarios, así como al rechazo frontal a cualquier intento de privatización. A esto se sumó una demanda inmediata: la liberación de las personas detenidas durante los conflictos recientes, lo que evidencia que el escenario no solo es político, sino también social y judicial.
La presencia del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, añadió peso al cabildo. Aunque el líder sindical dejó abierta la posibilidad de diálogo “si así lo decide el pueblo”, la decisión colectiva fue más contundente: mantener la presión en las calles antes que sentarse a negociar.
Con esta determinación, El Alto vuelve a posicionarse como un epicentro de resistencia y confrontación, en un momento en que el país enfrenta bloqueos, tensión social y un escenario político cada vez más polarizado. La calle, una vez más, se impone como el principal campo de disputa.
