Bolivia activa desde este lunes un nuevo marco legal que redefine la respuesta del Gobierno ante escenarios de crisis. Con la entrada en vigencia de la Ley 1740, tras su publicación oficial, el Ejecutivo fortalece sus facultades para intervenir en situaciones de conmoción interna, bajo reglas que también establecen control político posterior.
La norma, promulgada por el presidente Rodrigo Paz en medio de un clima de tensión social, fija un periodo de hasta 90 días para la aplicación de estados de excepción, con posibilidad de ampliación previa autorización legislativa. Al mismo tiempo, impone la obligación de rendir cuentas una vez concluida la medida, marcando un equilibrio entre acción inmediata y fiscalización.
El texto legal detalla que estas disposiciones solo podrán activarse ante hechos graves como violencia generalizada, sabotaje o paralización de servicios esenciales, y deberán formalizarse mediante decreto supremo aprobado por el gabinete. En cada caso, se exigirá justificar su alcance, duración y responsables de ejecución.
En paralelo a la promulgación, el mandatario reiteró su convocatoria al diálogo, aunque endureció su discurso frente a sectores señalados de atentar contra el orden constitucional. Con esta ley en marcha, el país entra en una nueva etapa donde la gestión de crisis queda respaldada por un instrumento legal más preciso y de mayor alcance.
