En medio de la creciente crisis por los bloqueos y el desabastecimiento, el Gobierno elevó el tono y advirtió que el conflicto ha dejado de ser un problema interno para convertirse en una amenaza con posibles vínculos internacionales. Desde el Ministerio de Defensa se alertó sobre la presencia de intereses ligados al crimen organizado, el narcotráfico y financiamiento irregular que estarían detrás de las movilizaciones.
El ministro Ernesto Justiniano aseguró que la respuesta estatal no será improvisada ni reactiva, sino el resultado de una estrategia planificada que se ejecutará dentro del marco constitucional. Remarcó que las Fuerzas Armadas actuarán con disciplina y firmeza si se intenta quebrar el orden democrático, aunque insistió en que la prioridad sigue siendo mantener la legalidad y evitar una escalada mayor del conflicto.
Pese a las presiones para declarar un estado de excepción, la autoridad defendió la cautela del Ejecutivo, señalando que la contención no debe interpretarse como debilidad. Mientras el conflicto se prolonga, el Gobierno apuesta por una respuesta coordinada que combine diálogo y control, dejando claro que no cederá ante lo que califica como presiones radicales.
