Las recientes medidas migratorias del expresidente de EE.UU., Donald Trump, como la cancelación del programa CBP One y el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, han provocado un impacto profundo en Tapachula, ciudad clave en la frontera sur de México. Estas restricciones han intensificado la crisis migratoria, empujando a miles de personas a rutas ilegales dominadas por traficantes de personas.
Según Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), los traficantes cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por trasladar migrantes hasta la frontera norte. Esta situación ha generado disputas violentas entre carteles del crimen organizado y fuerzas policiales, que buscan controlar la ruta y las ganancias del tráfico y trata de personas.
La cubana Ghislayne Jiménez Moret relató que pagó miles de dólares para llegar desde Cuba hasta Nicaragua, y luego fue llevada hasta Tapachula por coyotes. Ahora trabaja hasta 17 horas al día en una empacadora para poder mantenerse. Como ella, miles de migrantes sobreviven en condiciones precarias mientras intentan continuar su camino hacia Estados Unidos.
El ecuatoriano Fredy Lozano también compartió su experiencia, denunciando extorsiones por parte de autoridades migratorias durante su viaje debido a la falta de documentos. Actualmente vive en situación irregular, limpiando parabrisas mientras espera una resolución legal que le permita salir del sur de México sin ser detenido.
Estas historias reflejan cómo las políticas migratorias restrictivas no han detenido la migración, sino que han incrementado la vulnerabilidad de los migrantes y fortalecido el negocio ilegal del tráfico humano. Más de medio millón de personas permanecen varadas en un limbo legal, atrapadas entre la necesidad de huir y las barreras impuestas por decisiones políticas.
