Un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) revela que la Gestora Pública invirtió más de $us 8.000 millones de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que hasta el primer trimestre de 2025 acumulaban $us 28.224 millones. Estos fondos provienen de los aportes obligatorios de los trabajadores formales y fueron administrados por AFP entre 1997 y 2023, antes de pasar a la Gestora Pública.
Desde 2023, la administración estatal de estos recursos genera suspicacias en un contexto de escasez de dólares y alta inflación (16,92% hasta julio de 2025), lo que alimenta la preocupación por la seguridad de los ahorros de los trabajadores. La cifra total equivale a casi dos tercios del PIB boliviano, lo que resalta la importancia de su correcta gestión.
El informe de la APS detalla que el 95,9% de los fondos está invertido en el mercado interno, principalmente en bonos del Estado y depósitos a plazo fijo en bancos nacionales. Solo 2,65% está colocado en instrumentos internacionales, lo que expone a los aportantes a la volatilidad y solvencia de la economía local.
En términos concretos, $us 8.700 millones están prestados al Estado mediante bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), lo que implica que uno de cada tres dólares aportados para la jubilación financia directamente el déficit fiscal. La mayor parte de estos bonos corresponde a títulos no obligatorios y cupones en bolivianos, mientras que los bonos en dólares representan menos del 1% de la cartera.
Los depósitos bancarios absorben más de $us 13.500 millones, con la mayoría en bolivianos y solo una mínima parte en dólares, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a la inflación. Esta concentración en moneda local y en instrumentos estatales preocupa a especialistas en economía y pensiones.
David Villarreal, experto en pensiones, explica que antes de la Ley de 2010, las AFP lograban rentabilidades superiores al 8% anual. Sin embargo, tras la normativa actual, los rendimientos cayeron a niveles insuficientes para garantizar jubilaciones dignas, mientras que el artículo 142 permite a la Gestora invertir sin límites en bonos del Estado, lo que convierte los aportes en financiamiento directo del déficit fiscal.
Germán Molina, economista, alerta que la inversión en bolivianos, combinada con la inflación proyectada del 25%, licúa los ahorros de los trabajadores. “El beneficiado es el Estado; los perjudicados son los aportantes y jubilados, que recibirán pensiones con menor capacidad de compra”, subraya.
Frente a la polémica, la Gestora Pública asegura que los pagos de capital e intereses se cumplen puntualmente y que el 65% de los recursos está diversificado en otros sectores. Sin embargo, la discusión sobre la rentabilidad y la diversificación sigue abierta, y los expertos insisten en la urgencia de revisar la Ley de Pensiones para proteger los fondos de los trabajadores bolivianos.
