El proceso penal conocido como Decretazo contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue extinguido tras cumplirse el plazo máximo de tres años que establece la normativa boliviana para un juicio penal. No hubo sentencia ni absolución: la causa se cerró porque el tiempo se agotó.
La investigación se inició en marzo de 2022, luego de que Camacho firmara el decreto departamental 373 para delegar la autoridad al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, en lugar del vicegobernador electo, Mario Aguilera, mientras realizaba un viaje a Brasil. El acto fue considerado como una vulneración a la norma y motivó acusaciones por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La resolución judicial fue emitida este jueves y, según la defensa de Camacho, confirma que nunca se pudo avanzar en el proceso debido a la falta de traslados del gobernador desde el penal de Chonchocoro hasta las audiencias programadas. En palabras del propio Camacho, “la justicia no avanzó porque el Estado no permitió mi presencia”.
Este es el segundo caso extinguido a favor del gobernador en menos de un año. El primero fue el llamado caso Notaría, también cerrado por incumplimiento de plazos. Pese a ello, Camacho aún enfrenta al menos cinco procesos más, entre ellos el del supuesto “golpe de Estado” de 2019, considerado el más complejo y con mayor carga política.
El cierre del Decretazo deja en evidencia una constante en el sistema judicial boliviano: procesos que se alargan indefinidamente hasta extinguirse, sin que se determine la responsabilidad o inocencia de los acusados. Este patrón alimenta la percepción de que la justicia no actúa con celeridad ni imparcialidad, sino que permite que las causas se definan por desgaste y no por verdad judicial.
