El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la Ley de Diferimiento de Créditos, sancionada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, pese al rechazo del sector bancario y empresarial. La publicación de la norma en la Gaceta Oficial pone fin a las críticas de algunos sectores sociales que reclamaban al Gobierno la demora en su promulgación.
La ley establece que las entidades financieras deberán postergar el pago de cuotas por un plazo de seis meses, aplicable a créditos de vivienda de interés social y de microempresarios. Durante este periodo, los beneficiarios podrán suspender pagos de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos, sin que esto genere incrementos en las tasas de interés ni penalizaciones por mora o costos administrativos adicionales.
Asimismo, la norma suspende temporalmente, por el mismo plazo, las órdenes judiciales de embargo, ejecución de sentencias, remates y desapoderamientos relacionados con créditos de vivienda de interés social en todo el territorio nacional.
El Gobierno anunció que reglamentará la ley mediante Decreto Supremo en un plazo de hasta diez días hábiles desde su publicación. La medida busca aliviar la carga financiera de familias y pequeños emprendedores en un contexto económico marcado por la inflación y las dificultades de acceso a financiamiento.
Sin embargo, el sector bancario expresó su rechazo, argumentando que la medida podría afectar la liquidez del sistema financiero y limitar la capacidad de otorgar nuevos créditos. Por su parte, el diputado del PDC, Manolo Rojas, afirmó que la norma podría generar un “caos financiero” y adelantó que presentará un proyecto de ley para revertir el diferimiento.
La promulgación de esta ley abre un debate entre la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables y la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero, mientras las autoridades buscan implementar mecanismos que equilibren ambos objetivos.
