A tan solo un mes de asumir el mando de la Policía, el general Mirko Sokol ha puesto sobre la mesa un diagnóstico contundente: la corrupción no es un problema aislado, sino un fenómeno extendido que atraviesa distintos niveles y áreas de la institución. En un informe presentado este lunes, el Comandante reveló una serie de hechos que van desde cobros ilegales a ciudadanos hasta graves irregularidades en procesos internos clave, como la contratación de bienes, la admisión de nuevos efectivos e incluso la colaboración con redes delincuenciales.
Uno de los primeros focos detectados fue el proceso de dotación de uniformes para nuevos oficiales. Según explicó Sokol, se identificaron anomalías en la confección y venta de estos implementos, lo que derivó en denuncias por estafa contra las empresas involucradas y la apertura de procesos disciplinarios contra funcionarios policiales presuntamente implicados.
La revisión de los mecanismos de ingreso a la Policía arrojó hallazgos aún más alarmantes. Más de 180 expedientes de aspirantes presentan irregularidades, principalmente vinculadas a evaluaciones médicas. En estos hechos estarían comprometidos médicos, dentistas y servidores policiales, lo que pone en entredicho la transparencia de un proceso clave para la renovación institucional.
En el ámbito operativo, también salieron a la luz casos recientes de corrupción directa. En Santa Cruz, cuatro efectivos fueron aprehendidos tras ser acusados de exigir Bs 2.000 a un ciudadano detenido, pese a que este no registraba un nivel de alcohol en sangre sancionable. A esto se suman denuncias por vínculos con actividades delictivas, como la presunta facilitación de fugas de reclusos y un caso particularmente grave en Oruro, donde patrulleros escoltaban vehículos dedicados al contrabando. Estos últimos ya fueron identificados y se encuentran aprehendidos.
De manera global, el general Sokol informó que durante este primer mes de gestión se recibieron 97 denuncias ciudadanas vía telefónica, aunque solo 22 pudieron ser verificadas tras los procesos de investigación correspondientes. Paralelamente, se ejecutaron más de 100 cambios de destino de funcionarios policiales, como medida preventiva frente a indicios de posibles actos de corrupción.
Como parte de su estrategia de control y transparencia, el Comandante anunció el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía denunciar hechos de corrupción de forma rápida y sencilla. Además, presentó oficialmente el nuevo Departamento de Control Policial, dependiente de la Inspectoría General, que operará tanto con personal uniformado como encubierto para identificar y sancionar a los malos servidores policiales.
El mensaje de la nueva administración es claro: la lucha contra la corrupción será frontal y estructural, incluso cuando ello implique exponer las debilidades internas de la propia institución.
