La tensión social en Bolivia ha escalado a un nuevo nivel de incertidumbre tras el anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) de declararse en estado de emergencia nacional. Este lunes, el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Mario Argollo, denunció formalmente que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira incumplió el acta de entendimiento firmada apenas un día antes, rompiendo así el frágil consenso que buscaba pacificar el país tras las recientes movilizaciones por el Decreto Supremo 5503.
La ruptura se originó, según la dirigencia sindical, porque el Ejecutivo procedió de manera unilateral en la redacción de la normativa sustitutiva, ignorando el compromiso de trabajar de forma conjunta en los artículos críticos relacionados con la eliminación de la subvención a los carburantes. Argollo expresó un profundo sentimiento de "decepción y defraudación" al constatar que la comisión acordada con los sectores movilizados nunca fue convocada, calificando el actuar gubernamental como una maniobra que atropella la buena fe de los trabajadores.
Esta reacción de la COB surge poco después de que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hiciera pública la abrogación del DS 5503 y la puesta en vigencia del nuevo Decreto Supremo 5516. Si bien esta nueva norma contempla medidas paliativas como bonos sociales, reprogramación de créditos y arancel cero para la importación de repuestos, mantiene firme la polémica decisión de retirar la subvención a los combustibles, punto central del conflicto.
El clima de desconfianza se agravó debido a que, hasta el momento del pronunciamiento de la COB, el texto del nuevo decreto aún no había sido publicado en la Gaceta Oficial, lo que impidió a los sectores sociales conocer el alcance real de la medida. Ante lo que consideran un engaño, la dirigencia de la COB ha convocado a un ampliado nacional de urgencia para definir las próximas medidas de presión, dejando al país a las puertas de una nueva ola de protestas y bloqueos de caminos.
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