Bolivia cierra el año 2025 atravesando un cambio de paradigma histórico que ha puesto fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), dando paso a una etapa de profunda reconfiguración estatal y severos ajustes financieros.
En lo político
Este giro político se consolidó el pasado 19 de octubre, cuando Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, se impuso ante Jorge "Tuto" Quiroga en un balotaje inédito que dejó fuera de la disputa al oficialismo.
Tras la investidura presidencial el 8 de noviembre, el nuevo gobierno denunció haber recibido un Estado con un déficit fiscal del 11% y una deuda pública que alcanza el 90% del Producto Interno Bruto, lo que motivó un inmediato viraje diplomático hacia las potencias occidentales y un alejamiento del eje bolivariano.
En lo económico
En el plano económico, la administración entrante aplicó una política de choque mediante el Decreto Supremo 5503, que eliminó la histórica subvención a la gasolina y el diésel, logrando reducir el consumo interno de combustibles a la mitad pero provocando un efecto inflacionario inmediato.
Con una inflación interanual que escaló al 20% y una persistente escasez de divisas, el Ejecutivo se vio obligado a declarar una Emergencia Económica Nacional ante el incremento del 40% en los precios de la canasta básica y el transporte. Estas medidas han impactado directamente en la estructura de costos del país, alterando el equilibrio financiero que se mantuvo durante los últimos años a costa de las reservas internacionales.
En el ámbito social
La respuesta social no se hizo esperar, transformando el último trimestre del año en un periodo de alta conflictividad. La Central Obrera Boliviana (COB), otrora aliada del gobierno saliente, ha roto relaciones con el Palacio Quemado para encabezar paros indefinidos y marchas masivas exigiendo la abrogación del decreto de ajuste.
A estas protestas se ha sumado el sector del transporte, afectado por el alza operativa y la falta de insumos importados.
El año concluye con una sede de Gobierno sitiada por las movilizaciones y bajo la sombra de un bloqueo nacional de caminos anunciado para inicios de 2026, dejando a la nueva gestión frente al desafío de sostener la legitimidad obtenida en las urnas ante una realidad económica sumamente frágil.
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