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29 de diciembre de 2025. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), esquiva la pregunta sobre su salario. Su silencio, lejos de ser inocuo, refleja la desconfianza creciente hacia un sector percibido como privilegiado dentro del ámbito laboral, donde los dirigentes parecen vivir al margen de la transparencia que exigen.
Argollo proviene de Huanuni, la histórica mina estatal administrada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que junto con Colquiri concentra el 75% del presupuesto total de la corporación. El dato sorprende, pero aún más revelador es el destino de esos recursos: más del 90% se destinan a gasto corriente, mientras la inversión productiva queda relegada a cifras simbólicas.
Huanuni manejó Bs 1.389 millones en 2025, destinando Bs 1.295 millones a salarios, bonos y gastos operativos. Solo Bs 93,3 millones fueron para inversión en activos reales, lo que significa que por cada boliviano invertido en modernización, se gastaron casi ocho en sueldos. Colquiri presenta un patrón similar, aunque algo más equilibrado, con Bs 78,9 millones invertidos de un presupuesto total de Bs 965,3 millones.
El origen de este desequilibrio es estructural. Tras reformas y decretos que redujeron a Comibol a una entidad prácticamente en liquidación, su recuperación fue parcial y sin capacidad técnica suficiente. La incorporación masiva de trabajadores a Huanuni en 2006 y la designación de ministros como presidentes de directorio rompieron la jerarquía corporativa, dejando a la gestión sindical como fuerza dominante.
Expertos coinciden en que los altos salarios no son accidentes, sino decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Durante los años de bonanza minera, los ingresos permitieron pactar sueldos elevados y bonos de producción. Cuando los precios cayeron, los trabajadores exigieron mantener esos ingresos como derechos adquiridos, consolidando una estructura salarial que limita la inversión.
El problema es histórico y estructural: los ingresos generados se consumen en sueldos y beneficios, mientras la reinversión productiva queda relegada. Empresas como Huanuni y Colquiri, pese a generar recursos importantes, operan con márgenes estrechos y déficits, atrapadas en un ciclo de gasto corriente elevado y escasa modernización.
El silencio de Argollo frente a su salario refleja un modelo donde la política, los sindicatos y la estructura interna pesan más que la productividad. La verdadera pregunta que surge es política: ¿quién manda en la minería estatal y quién se beneficia realmente? Mientras los números hablan, la minería estatal enfrenta un dilema que trasciende los salarios: cambiar un sistema que funciona para algunos, pero que limita su propio futuro.
