En un operativo que pone bajo la lupa la transparencia en los controles fronterizos del país, cinco efectivos de la Policía Boliviana fueron aprehendidos en la localidad de Pisiga, en la frontera con Chile. Los uniformados están acusados de extorsionar a comerciantes locales, exigiéndoles sumas de dinero para permitir el ingreso de mercadería ilegal al territorio nacional.
Las investigaciones preliminares se basan en las denuncias presentadas por las propias víctimas, quienes detallaron que los oficiales les solicitaban pagos de entre 10.000 y 20.000 dólares. Según estos testimonios, los policías utilizaban su autoridad para interceptar los cargamentos y condicionar su paso a cambio de estas elevadas cifras en moneda extranjera.
El inspector general de la institución, Gunther Agudo, proporcionó detalles sobre el modo de operar de los sindicados. El jefe policial explicó que los hechos habrían tenido lugar durante operativos de control realizados entre el lunes y martes de la semana pasada, cuando los efectivos habrían intervenido a los civiles para realizar las exigencias económicas ahora denunciadas.
El grupo de implicados, conformado por un suboficial y cuatro tenientes, fue trasladado de inmediato a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de Oruro. Este procedimiento se realizó en estrecha coordinación con el Ministerio Público, instancia que ya ha formalizado una investigación bajo el cargo de cohecho.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades policiales han sido enfáticas al señalar que no habrá tolerancia con estos actos. Se ha advertido que, de confirmarse su responsabilidad mediante el proceso correspondiente, los cinco efectivos podrían ser dados de baja definitiva de la institución, perdiendo sus rangos y beneficios de manera permanente.
Actualmente, los peritos del Ministerio Público trabajan en el análisis de los teléfonos celulares confiscados a los aprehendidos. Con este peritaje se busca establecer la temporalidad de estos delitos, verificar si existían redes de comunicación previas y determinar si hay otros comerciantes que hayan sido víctimas de cobros irregulares en la misma zona.
Este caso ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los puntos fronterizos ante hechos de corrupción. Como consecuencia directa, se ha ordenado un refuerzo en los mecanismos de control interno para asegurar que el personal destinado a estas áreas estratégicas cumpla con su deber de proteger la economía nacional sin incurrir en prácticas ilícitas.
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