Este viernes, la justicia boliviana enfrentará una jornada clave en Santa Cruz. Una Sala Constitucional llevará a cabo la audiencia de Acción Popular interpuesta contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y otros altos funcionarios, con el objetivo de frenar el Decreto Supremo 5503, una norma que ha generado fuertes cuestionamientos en diversas instituciones del país.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue el encargado de confirmar el inicio de este proceso judicial. Durante su comparecencia ante los medios, Saucedo subrayó que la Sala Constitucional a cargo deberá determinar tanto la admisibilidad del recurso como la posible concesión de la tutela, siempre bajo el estricto principio de independencia judicial.
Aunque el Decreto Supremo 5503 se encuentra en el centro de la polémica, el titular del TSJ evitó pronunciarse sobre una posible anulación o modificación de la norma. No obstante, recordó que el sistema democrático garantiza el derecho de cualquier ciudadano a presentar este tipo de recursos constitucionales cuando se considera que existen vulneraciones a los derechos colectivos.
