El Carnaval de Oruro, una de las expresiones culturales más importantes del país y Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, podría enfrentar una preocupante paradoja: celebrarse sin público. Así lo advirtió el diputado de Libre, Daniel Alcalá, quien alertó sobre el impacto que están teniendo los elevados precios de las graderías en la asistencia de espectadores.
Según el legislador, los costos para presenciar la entrada folclórica en la avenida cívica ya alcanzan los 2.800 bolivianos por espacio y podrían incrementarse hasta los 3.000. En la práctica, una familia de cuatro personas que desee ocupar asientos en la plaza principal tendría que desembolsar alrededor de 6.000 bolivianos, una cifra inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.
Alcalá calificó estos montos como “exorbitantes” y advirtió que ponen en serio riesgo la esencia misma del Carnaval. “¿Qué sentido tiene un carnaval sin público, sin espectadores?”, cuestionó, al señalar que si bien el precio del metro lineal se incrementó en aproximadamente 100 bolivianos respecto a la gestión pasada, ese aumento no justifica el elevado costo final de los asientos.
En ese marco, el diputado exigió al alcalde municipal asumir un rol más activo como organizador del evento, planteando la elaboración de una lista de precios máximos y un sistema de control que limite la venta de graderías según sectores. El objetivo, dijo, es evitar que el Carnaval se convierta en un espectáculo exclusivo y termine alejando tanto a los orureños como a los visitantes nacionales y extranjeros. Anunció además que se hará llegar una nota formal al burgomaestre solicitando medidas inmediatas.
A modo de ejemplo, Alcalá recordó que en zonas como la 6 de Agosto y Junín el metro lineal pasó de costar 531 a 618 bolivianos esta gestión; sin embargo, los asientos se estarían ofreciendo entre 800 y 900 bolivianos. “No es justo jugar con la fe de los orureños ni con un patrimonio cultural. Con estas tarifas, estamos poniendo en riesgo el Carnaval y desalentando la llegada de visitantes”, afirmó.
Finalmente, el legislador subrayó la necesidad de un trabajo coordinado entre distintas instancias del Estado, como la Gobernación, los ministerios y representaciones diplomáticas, para garantizar seguridad, organización y promoción del evento. “Hay mucho por mejorar. No podemos quedarnos donde estamos. Lo primero es controlar el tema de los precios para que el Carnaval siga siendo del pueblo”, concluyó
