El tratamiento del proyecto de ley antibloqueo avanza en el Legislativo sin la participación de la Central Obrera Boliviana (COB), principal fuerza sindical del país y abierta opositora a la iniciativa. Desde la Comisión de Justicia Plural se confirmó que no habrá invitaciones formales dirigidas a la dirigencia obrera, bajo el argumento de que el proceso fue abierto y que ya se cuenta con el respaldo de alrededor de 100 organizaciones.
El presidente de la comisión, Manolo Rojas, sostuvo que distintos sectores sociales y productivos se sumaron al debate, pero lamentó que la COB no haya acudido por decisión propia. Según su versión, los dirigentes sindicales exigen convocatorias especiales, una posibilidad que fue descartada por los legisladores que impulsan la norma.
El proyecto forma parte de un paquete de cuatro iniciativas promovidas por el Gobierno para penalizar los bloqueos de caminos. Sin embargo, organizaciones como mineros, maestros y la propia COB han reiterado su rechazo, cuestionando la legitimidad de los acuerdos alcanzados y asegurando que existe una unidad sindical para frenar la ley, tal como ocurrió con anteriores medidas gubernamentales.
Mientras las bancadas del PDC, Unidad y Libre aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la norma, la resistencia no solo viene de las calles. El presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, ya expresó su oposición a cualquier intento de criminalizar las movilizaciones sociales, anticipando un escenario de tensión política y social en las próximas semanas.
