El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 volvió a colocar a Bolivia en una posición crítica dentro del escenario sudamericano. Con 28 puntos sobre 100, el país se sitúa entre los peores evaluados de la región y ocupa el puesto 136 de 182 naciones analizadas a nivel mundial, reflejando un estancamiento prolongado sin señales de mejora estructural.
El informe evidencia que la corrupción no es vista como un fenómeno aislado, sino como una práctica persistente asociada a debilidades institucionales y falta de sanciones efectivas. La percepción de impunidad en casos de alto nivel y la reiteración de irregularidades en sectores estratégicos alimentan la desconfianza ciudadana y empresarial.
El economista Fernando Romero advierte que este escenario tiene consecuencias directas en la economía. Señala que la corrupción encarece proyectos públicos, distorsiona contratos, eleva el riesgo país y desalienta la inversión privada. A su criterio, el impacto se traduce en menor crecimiento, reducción del empleo formal y deterioro de la seguridad jurídica.
Entre los ámbitos más vulnerables se mencionan hidrocarburos, aduanas, empresas estatales y el sistema judicial, donde la falta de controles efectivos refuerza la percepción de prácticas normalizadas. Según el análisis, los principales perjudicados son los ciudadanos y el sector productivo formal, mientras que redes de favoritismo y actores informales resultan beneficiados.
Romero sostiene que revertir esta situación exige reformas institucionales profundas, transparencia en contratos públicos, fortalecimiento de la independencia judicial, digitalización de compras estatales y protección a denunciantes. Concluye que combatir la corrupción no solo es un desafío ético, sino una condición indispensable para recuperar confianza y dinamizar la economía a largo plazo.
