El vicepresidente Edmand Lara cuestionó con dureza el Decreto Supremo 5552, promulgado recientemente por el Gobierno de Rodrigo Paz, y anunció que impulsará acciones constitucionales en defensa de la institucionalidad y sus atribuciones como segundo mandatario del país.
La norma, publicada la semana pasada, reorganiza la estructura administrativa de la Vicepresidencia del Estado, colocando gran parte de sus direcciones, personal y funciones bajo la dependencia del Ministerio de la Presidencia, a cargo de José Luis Lupo, lo que según Lara limita las capacidades operativas y de gestión de su despacho.
El vicepresidente afirmó que el decreto vulnera la Constitución Política del Estado y “destroza la institucionalidad”, al relegarlo a una posición de dependencia administrativa. “Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo”, sostuvo, denunciando que no puede contratar personal ni firmar documentos de gestión bajo la nueva estructura.
Lara calificó la medida como un “duro golpe a la democracia” y advirtió que la modificación de la Vicepresidencia podría ser solo el primer paso de un avance sobre otras instancias del Estado, como la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el Poder Judicial si no se detiene el proceso.
El vicepresidente anunció que su equipo jurídico ya trabaja en presentar los recursos legales correspondientes ante instancias constitucionales y exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional a actuar con imparcialidad para garantizar el respeto a la Carta Magna.
La controversia en torno al DS 5552 ha generado críticas también desde sectores de la oposición, que consideran que la norma debilita el rol institucional de Lara y fortalece el control del Ejecutivo sobre la Vicepresidencia, mientras el Gobierno defiende la constitucionalidad de la reorganización administrativa.
