El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra decidió este jueves no activar la designación de un alcalde suplente, tras la determinación judicial que ordena la detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández. La decisión abre un debate que trasciende lo personal y se instala en el terreno de la institucionalidad y los alcances de las medidas cautelares.
Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal fijó una postura que define como apegada al principio de legalidad y al respeto del mandato democrático otorgado en las urnas. En el documento, la administración edil subraya que la detención preventiva no constituye una destitución ni una suspensión del cargo, sino una medida cautelar dentro de un proceso en curso.
Bajo esta interpretación, la Alcaldía sostiene que no existe una inhabilitación automática que obligue a designar una autoridad suplente. Para respaldar su argumento, invoca la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, señalando que la norma no contempla la detención preventiva como causal directa de suplencia temporal.
Más allá del debate jurídico, el Gobierno municipal enfatiza que no hay vacío de poder ni riesgo de paralización administrativa. Recuerda que el Órgano Ejecutivo local no es una instancia unipersonal, sino una estructura compuesta por secretarías y direcciones que garantizan la continuidad operativa, financiera y administrativa del municipio.
“La institucionalidad municipal continúa funcionando con normalidad”, afirma el pronunciamiento, que busca transmitir estabilidad en medio de la incertidumbre política.
En su tramo final, el comunicado insiste en que la postura adoptada no responde a la defensa de una persona en particular, sino a la defensa de la legalidad y del mandato popular. Sin embargo, el caso pone sobre la mesa un dilema recurrente en la gestión pública: cómo equilibrar el respeto a la presunción de inocencia con la necesidad de asegurar gobernabilidad y confianza ciudadana mientras se desarrollan procesos judiciales contra autoridades electas.
