La propuesta de redistribución de recursos bajo el modelo “50-50” volvió al centro de la controversia tras las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien evitó fijar un plazo concreto para su aplicación. La autoridad sostuvo que el proceso no puede reducirse a tiempos electorales y que forzar fechas aceleradas sería irresponsable, aunque aseguró que ya se inició un trabajo técnico dentro del gabinete y que se prevé dialogar con las regiones.
Las afirmaciones generaron una reacción inmediata en Santa Cruz. El gobernador Luis Fernando Camacho cuestionó lo que considera contradicciones frente al anuncio presidencial de implementar el esquema desde ese departamento y pidió coherencia en el discurso oficial. A su vez, el líder cívico Agustín Zambrana exigió la designación de un delegado específico y la presentación de un cronograma público que marque una ruta clara para ejecutar la propuesta impulsada por Rodrigo Paz.
Así, el debate dejó de centrarse únicamente en la distribución de recursos y pasó a enfocarse en la credibilidad y viabilidad política del plan. Mientras el Gobierno habla de un proceso técnico sin tiempos rígidos, desde la región cruceña reclaman señales concretas que conviertan la promesa en un compromiso verificable.
