El Gobierno de Chile, bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, ha puesto en marcha un ambicioso plan de seguridad denominado "Escudo Fronterizo", con el objetivo de sellar los puntos más vulnerables de la frontera norte con Bolivia y Perú en un plazo máximo de dos años.
El almirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, comisionado presidencial del proyecto, confirmó este sábado que las obras físicas ya han comenzado. El plan contempla la intervención de 400 kilómetros de territorio mediante una combinación de zanjas, muros, concertinas y "erizos suecos", diseñados para frenar la movilidad en pasos irregulares del altiplano.
De acuerdo con Soto, los trabajos de excavación avanzan a un ritmo de entre 50 y 100 kilómetros diarios en zonas estratégicas. "En un primer momento, estableceremos unos 100 kilómetros de obstáculos contra la movilidad", detalló el comisionado, especificando que se intervendrán tramos de aproximadamente 30 kilómetros tanto en Tarapacá como en Antofagasta.
El proyecto no se limita a la infraestructura física, sino que se define como una estrategia multidimensional que incluye tres pilares adicionales:
•Dimensión Legal: Se busca tipificar el ingreso irregular como un delito y eliminar incentivos sociales, como subsidios de vivienda, para desincentivar la migración no autorizada.
•Barrera Tecnológica: Se potenciará el Sistema Integrado de Frontera (Sifron), una "muralla digital" iniciada en la administración anterior que cuenta con una inversión de 13,8 millones de dólares para sustituir la vigilancia humana por sensores y tecnología avanzada.
•Gestión Orgánica: Una estructura de mando temporal por dos años para asegurar que las obras se completen en los plazos estipulados.
A pesar de la postura firme del comisionado sobre el retiro de beneficios, el ministro de la Presidencia, José García Ruminot, aclaró recientemente que los servicios de salud y educación se mantendrán intactos por ser considerados pilares centrales.
"El mensaje es uno: el inmigrante irregular no es bienvenido", sentenció Soto, subrayando que el objetivo final es dejar instalado un sistema fronterizo capaz de resistir futuras crisis migratorias antes de que concluya su mandato temporal en 2028.
