La caída del precio internacional del crudo, que retrocedió desde niveles cercanos a los 120 dólares hasta situarse por debajo de los 100, abre un margen de alivio para Bolivia en medio de presiones fiscales crecientes. Este descenso, impulsado por señales de distensión en el conflicto con Irán tras anuncios del presidente Donald Trump, reduce el riesgo de un ajuste inmediato en el precio de los combustibles y atenúa el impacto sobre las finanzas públicas.
El país, altamente dependiente de la importación de diésel y gasolina, enfrenta elevados costos para sostener el subsidio energético, por lo que cualquier baja en el petróleo representa un ahorro significativo. Solo el año pasado, Bolivia destinó más de 2.300 millones de dólares a la compra de carburantes, una carga difícil de sostener en un contexto económico frágil.
Analistas coinciden en que este escenario brinda un respiro temporal, pero advierten que la volatilidad seguirá marcando el rumbo del mercado. Las decisiones políticas internacionales continúan influyendo directamente en los precios de las materias primas, dejando a economías como la boliviana expuestas a cambios bruscos que pueden alterar su estabilidad en cuestión de días.
