El Gobierno nacional destapó este martes una trama que va mucho más allá del contrabando común: una red internacional sofisticada dedicada al robo, adulteración y comercialización ilegal de combustibles, con ramificaciones que cruzan fronteras y operan, al menos, en Chile, Paraguay y Argentina.
Según las investigaciones, el esquema no comienza dentro del país, sino en puertos estratégicos del norte chileno —Arica, Mejillones e Iquique—, donde se origina un circuito clandestino que convierte el transporte de combustible en una operación de manipulación sistemática.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el mecanismo es tan simple como alarmante: las cisternas cargadas parten con destino a Bolivia, pero en el trayecto realizan paradas no autorizadas. En esos puntos, parte del combustible es extraído ilegalmente. Para encubrir el faltante, el volumen sustraído es reemplazado con una mezcla de agua y aceite usado, alterando la calidad del producto que finalmente llega al mercado interno.
El resultado no solo implica pérdidas económicas millonarias, sino también un riesgo directo para el abastecimiento y el funcionamiento de sectores clave que dependen de combustibles en condiciones óptimas.
Las autoridades ya cuentan con placas de camiones y nombres de empresas presuntamente involucradas, lo que sugiere que la red tiene una estructura organizada. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado aprehensiones, lo que evidencia la complejidad del caso.
En el plano internacional, el canciller Fernando Aramayo activó canales de coordinación con Chile y prevé extender estas gestiones a Paraguay y Argentina, en un intento por desarticular una operación que no reconoce fronteras. “El crimen organizado es de carácter transnacional”, advirtió el ministro, anticipando nuevas acciones en el corto plazo.
Desde el Ejecutivo, el presidente Rodrigo Paz adoptó un tono firme: prometió sanciones ejemplares y la recuperación de los recursos afectados. En paralelo, aseguró que se están tomando medidas para proteger a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y garantizar el suministro interno.
Más allá del caso puntual, el Gobierno enmarca esta investigación como parte de una lucha mayor contra redes de corrupción y crimen organizado que, operando en la sombra, impactan directamente en la economía nacional y en la confianza pública.
