Tras años marcados por elecciones continuas desde 2024, el sistema electoral boliviano entra ahora en una etapa distinta: la de reconstrucción y ajuste. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo busca cerrar un ciclo, sino también responder a las tensiones acumuladas con dos decisiones clave: rehacer el padrón electoral y reformar la Ley Electoral antes de 2027.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, no evitó el diagnóstico incómodo. Calificó al actual padrón como una “herida abierta”, una expresión que revela algo más profundo que fallas técnicas: una pérdida de confianza que ha sido aprovechada en el terreno político. En ese contexto, el nuevo padrón no se plantea solo como una actualización de datos, sino como un intento de restaurar credibilidad. La promesa es ambiciosa: mayor seguridad, inclusión total de los ciudadanos y un proceso más ágil, en un país donde el acceso y la transparencia electoral han sido temas sensibles.
Pero el desafío no es solo técnico. También es económico y político. El TSE deberá negociar recursos con el Ejecutivo, articular acuerdos con el Legislativo y, al mismo tiempo, buscar respaldo de organismos internacionales. En otras palabras, el nuevo padrón será tanto un proyecto institucional como un ejercicio de equilibrio entre actores de poder.
En paralelo, la reforma de la Ley Electoral apunta a un problema de fondo: reglas percibidas como desfasadas y, según Ávila, diseñadas en su momento con una lógica poco plural. Más de dos décadas después, cuestiones como la sustitución de candidaturas, las inhabilitaciones o la obligatoriedad de debates siguen generando controversia. La intención ahora es abrir el proceso, someter el nuevo proyecto a discusión pública e incorporar voces diversas: partidos, académicos, profesionales y medios.
Este enfoque introduce un cambio relevante. En lugar de una reforma cerrada, el TSE apuesta por una construcción más participativa, con un plazo acotado —no más de 90 días de socialización— antes de que la propuesta llegue a la Asamblea Legislativa.
En síntesis, lo que viene no es solo una agenda administrativa. Es un intento de redefinir las reglas del juego democrático en Bolivia, donde la legitimidad ya no dependerá únicamente de votar, sino de cómo se construyen las condiciones para hacerlo.
