En una contundente ofensiva contra el robo de minerales, el Ejército de Bolivia reportó la recuperación de 9 toneladas de estaño y la detención de más de 80 "jucus" (ladrones de mineral) durante operativos realizados entre marzo y abril en la Empresa Minera Huanuni (EMH). Según informó el Coronel William Revuelta, comandante de la Segunda División del Ejército, la intensificación de estas acciones responde al incremento de actividades delictivas motivadas por el alza en los precios internacionales de los minerales.
Las cifras detalladas por el jefe militar reflejan la magnitud del conflicto: solo en marzo se ejecutaron 29 operativos con un saldo de 67 detenidos y 6 toneladas confiscadas. En lo que va de abril, se recuperaron otras 3 toneladas y se capturó a 17 personas. Revuelta destacó que los delincuentes han sofisticado sus métodos, utilizando vehículos para transportar grandes cargamentos; recientemente, se interceptaron dos motorizados que trasladaban tonelada y media de mineral cada uno, con un valor estimado de 5 millones de bolivianos.
Esta respuesta estatal se ampara en un convenio interinstitucional reforzado el pasado 1 de abril entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la EMH, el Ejército y la Policía Departamental de Oruro. Actualmente, **150 efectivos militares** resguardan los perímetros de la mina bajo el marco de la Ley 1093, la cual endurece las penas hasta los 10 años de cárcel por robo agravado y sanciona también a quienes participen en la comercialización, compra o receptación del producto ilícito.
Pese a este despliegue, la situación en la región sigue siendo crítica. Gerson Mollinedo, presidente del Comité Cívico de Oruro, manifestó su preocupación ante el nivel de organización de los "jucus", quienes operan en contingentes que pueden alcanzar hasta las mil personas y, en ocasiones, cuentan con armamento superior al de las fuerzas del orden.
Ante este escenario, las instituciones buscan no solo fortalecer el patrullaje, sino también impulsar reformas legales en la Asamblea Legislativa para endurecer aún más las sanciones y desarticular toda la cadena logística, incluyendo a ingenios y comercializadoras que se benefician de la extracción clandestina.
