En un giro político orientado a la pacificación y la concertación, el presidente Rodrigo Paz confirmó la abrogación de la Ley 1720, una medida que deja sin efecto la polémica normativa tras una serie de mesas de diálogo con diversos sectores del país. El mandatario fue enfático al señalar que la ley ha sido eliminada por completo del ordenamiento jurídico, marcando el fin de un ciclo de tensiones sociales.
Tras el anuncio de la anulación, Paz adelantó que el Ejecutivo impulsará de inmediato la creación de una nueva legislación sobre la tenencia y gestión de tierras. Este nuevo proyecto de ley no será impuesto, sino que nacerá de un proceso de socialización nacional que busca integrar las visiones de todos los actores involucrados, garantizando que el texto final sea representativo y equilibrado.
El jefe de Estado subrayó que el objetivo principal es consolidar una norma "fuerte y justa" que responda a las necesidades reales de todos los bolivianos. Con este llamado al consenso, el Gobierno busca establecer una base legal sólida que brinde seguridad jurídica y estabilidad al sector agrario, priorizando el diálogo como la única vía para resolver los conflictos territoriales en el país.
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