El Gobierno de Chile ha puesto sobre la mesa una controvertida propuesta que busca obligar a los centros de salud y a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a reportar y entregar datos de los ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.
La indicación legal, coordinada en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI), establece que los datos recopilados en escuelas y hospitales estarán sujetos a estricta reserva. Las autoridades han enfatizado que la información recabada se utilizará exclusivamente para el control de la legislación migratorya del país y para localizar a cerca de 300.000 extranjeros en situación de ilegalidad.
La propuesta estipula que los requerimientos de información no serán masivos, sino específicos, orientados principalmente a identificar a los adultos responsables de los núcleos familiares y conocer quiénes utilizan los distintos servicios públicos. Asimismo, el texto legal asegura que los datos proporcionados por los colegios y hospitales gozarán de reserva y serán de uso exclusivo para fines migratorios, bajo la normativa de protección de datos personales.
Pese a la defensa de la administración central, la propuesta ya ha comenzado a levantar alertas en distintos sectores políticos y sociales, que temen que la medida vulnere derechos fundamentales, aleje a las poblaciones vulnerables de la atención médica básica o fomente la deserción escolar por temor a la deportación.
