El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, cuestionó el miércoles ante la prensa la orden de aprehensión emitida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, al señalar que existe una contradicción entre la convocatoria al diálogo del Ejecutivo y la "persecución judicial" frente a las protestas que ya cumplen 20 días en el país.
Al cuestionar el rol del Ministerio Público, lamentó el tratamiento que recibe la movilización social y el uso del aparato judicial contra la dirigencia.
“¿Por qué satanizan y por qué criminalizan la protesta? No se puede llamar al diálogo y responder con fiscales y con órdenes de aprehensión”, manifestó Edmand Lara.
Como alternativa para solucionar la crisis, propuso frenar de inmediato la vía penal para dar paso a la política. “Es importante que el presidente también me escuche y ambos nos sentemos y hagamos una proposición a los sectores movilizados. Es un diálogo con propuesta, no con órdenes de aprehensión o con persecución”, planteó el segundo mandatario.
En sus declaraciones, el vicepresidente expuso la falta de pruebas públicas contra el dirigente sindical al preguntar: “¿Cuál ha sido el delito? ¿Se lo ha visto a Mario Argollo haciendo destrozos? ¿Cuál es el fundamento para esa orden de aprehensión?”.
Para sostener su denuncia de "persecución", la autoridad argumentó que la justicia actúa de manera selectiva, contrastando la celeridad en el caso del dirigente de la COB con la inacción ante otros temas de urgencia nacional.
“¿Y por qué no sacan órdenes de aprehensión para los que han vendido gasolina basura?”, reclamó Lara.
La reacción de la segunda autoridad del Estado surge después de que la Fiscalía activara la orden de captura contra Argollo, bajo la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, vinculados a episodios de violencia registrados durante los bloqueos en rutas nacionales.
Previamente, el conflicto se complejizó cuando el líder de la COB endureció su posición al exigir un cambio en la conducción del Estado en lugar de pliegos petitorios. Ese posicionamiento se consolidó mediante un pacto firmado junto al sector campesino y el legislador Nilton Condori para rechazar cualquier acercamiento con la administración central.
