Los comités cívicos regionales, las plataformas ciudadanas y los sectores productivos marcharon el jueves en Santa Cruz, El Alto, Cochabamba y Trinidad para exigir al presidente Rodrigo Paz la liberación inmediata de las carreteras. Las movilizaciones ciudadanas demandaron el cese definitivo de las medidas de presión que ejercen los sectores que exigen la renuncia del jefe de Estado.
El despliegue de mayor convocatoria paralizó el centro de Santa Cruz, donde miles de ciudadanos, transportistas y productores agrícolas marcharon junto al gobernador Juan Pablo Velasco para denunciar los perjuicios económicos. Al concluir el recorrido en la plaza principal, la dirigencia cívica cuestionó la pasividad de las autoridades nacionales frente al desabastecimiento, pero también sumó un fuerte pronunciamiento político al llamar a la defensa de la institucionalidad frente a los sectores que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.
"No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidió. Y si tenemos que dar la vida para defenderlo, lo vamos a hacer", afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al rechazar de manera contundente las intenciones de un "golpe de Estado".
El dirigente cruceño lamentó el severo desabastecimiento de alimentos y medicamentos que golpea a las principales ciudades bolivianas. Ante la falta de acciones contundentes por parte del Órgano Ejecutivo, la institucionalidad cívica otorgó un plazo definitivo hasta este domingo para habilitar los caminos, bajo la advertencia de organizar a la población para levantar los cortes de rutas de manera independiente.
Paralelamente, la ciudadanía de Cochabamba copó las calles céntricas de la urbe mediante una ruidosa movilización donde plataformas civiles, transportistas e integrantes de la cuestionada agrupación Resistencia Juvenil Cochala unificaron fuerzas con los simpatizantes oficialistas. Los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad para exigir el libre tránsito, en una jornada donde también se registraron movilizaciones en El Alto y Trinidad en rechazo a la asfixia económica regional.
A pesar de los pedidos de pacificación, la crisis se agudiza por la situación humanitaria, dado que el bloqueo suma cuatro fallecidos, incluidos una ciudadana de Belice y un niño, quienes no recibieron atención médica oportuna. Ante este escenario, el Gobierno mantiene su negativa a dialogar con los sectores movilizados e inició procesos judiciales contra los dirigentes, lo cual mantiene la situación sin resolución.
