Los principales gremios productivos y cívicos del país exigieron al Gobierno y a la justicia iniciar procesos penales contra los promotores de los bloqueos, este 23 de junio tras habilitarse finalmente las carreteras, mediante pronunciamientos públicos para sancionar a quienes causaron más de 3.000 millones de dólares en pérdidas durante la protesta.
El país volvió a la normalidad después de 53 jornadas de cortes de ruta que asfixiaron la economía de trabajadores, familias y empresas. La medida extrema no solo generó un impacto financiero calculado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en más de 3.000 millones de dólares, sino que también cobró vidas, afectando a personas con cáncer que fallecieron por falta de atención médica oportuna.
Ante este escenario, la indignación de los sectores afectados se ha volcado hacia la exigencia de responsabilidades legales. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, remarcó que los acuerdos políticos no eximen de culpa a los promotores.
“El Gobierno tiene la obligación de iniciar procesos contra los responsables. La Fiscalía tiene que hacer su parte y el Órgano Judicial tendrá que actuar conforme a ley sobre quienes pesan estos daños al aparato productivo”, afirmó el líder cívico.
Impacto sectorial y lenta reactivación
Los diferentes rubros agropecuarios advierten que la recuperación será un proceso a largo plazo y condicionado al apoyo estatal:
- Porcicultores: El presidente de Adepor, Jorge Méndez, detalló que el sector perdió 1,5 millones de bolivianos diarios, acumulando un daño superior a los 80 millones. "Hay una serie de responsables y no sabemos qué pasará con ellos", cuestionó.
- Fruticultores y Horticultores: José Luis Cuéllar, vicepresidente de Asohfrut, estimó que el sector tardará un año en reactivarse, siempre y cuando se garantice crédito, combustible y seguridad jurídica. Además, exigió la aplicación estricta de la "ley antibloqueos".
- Bananeros: En Cochabamba, el representante de la Cámara Agropecuaria, Rolando Morales, reportó una pérdida de aproximadamente 10 millones de dólares que afecta directamente a la cadena productiva de 22.000 familias dedicadas a este rubro.
Los productores coinciden en que, más allá de la liberación de las vías, el Estado debe sentar un precedente judicial contra quienes paralizaron el país para evitar que este nivel de destrucción económica se repita.
