Bolivia vuelve a abrir la puerta a la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero bajo nuevas reglas. A casi dos décadas de la ruptura con la DEA, el país apuesta por un modelo que prioriza la asistencia técnica, el intercambio de información y el financiamiento, sin permitir presencia operativa extranjera en el territorio.
El reciente acuerdo firmado por la Cancillería establece una inyección de hasta 20 millones de dólares destinada a fortalecer las capacidades de interdicción. Sin embargo, el énfasis ya no está en operativos armados, sino en tecnología, inteligencia y control financiero, especialmente en la detección de redes de lavado de dinero.
Este giro marca una diferencia clara con el pasado. Durante los años 80 y 90, la estrategia antidroga estuvo dominada por la erradicación forzosa y la intervención directa, lo que logró reducir cultivos de coca, pero también dejó un historial de conflictos sociales y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La expulsión de la DEA en 2008 dio paso a un modelo nacionalizado, con mayor protagonismo de las fuerzas bolivianas. Ahora, el nuevo esquema intenta combinar soberanía con cooperación internacional, integrando al país nuevamente en circuitos de inteligencia regional, pero sin ceder el control operativo.
El acuerdo establece que los recursos serán administrados para equipamiento policial, vigilancia fronteriza y capacitación en delitos financieros, áreas consideradas clave en la evolución del narcotráfico. Así, Bolivia redefine su estrategia: menos presencia extranjera en campo y más dependencia de tecnología, información y financiamiento externo.
