Las máximas autoridades del Órgano Judicial de Bolivia lanzaron una contundente advertencia al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa tras una reunión de emergencia celebrada en Sucre: se declararán en paro nacional escalonado de jueces y vocales si no se cumple con la asignación presupuestaria del 5% del Tesoro General del Estado (TGE).
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó el malestar del sector ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales, contrastando la situación con la atención que reciben otros sectores movilizados.
“Lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden. Entonces ante esa situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta ir a medidas de protesta de manera escalonada”, manifestó Saucedo de forma categórica.
Ante este panorama, el TSJ otorgó un plazo definitivo de 20 días para que el Gobierno atienda sus demandas. De lo contrario, se iniciará un plan de presión que congelará de forma progresiva las actividades judiciales en todo el país.
“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, advirtió la autoridad judicial.
Con el objetivo de canalizar estas exigencias, el Órgano Judicial conformó una comisión especial y solicitó formalmente una reunión con el Presidente del Estado en la ciudad de Sucre.
Asimismo, se exigirá a la Asamblea Legislativa un compromiso inmediato para el tratamiento de varios proyectos de ley propuestos por los jueces, los cuales se encuentran actualmente en revisión y están orientados al financiamiento y la modernización del aparato judicial boliviano.
