Una nueva tragedia sacudió esta semana al penal de Palmasola, el más grande y sobrepoblado de Bolivia. José Alberto Salvatierra Rodríguez, recluido por un proceso de asistencia familiar, fue estrangulado la madrugada del martes en el área de ambientamiento del pabellón PC-8. En ese espacio, más de 180 internos conviven en condiciones precarias, hacinados en una sola celda sin ventilación ni camas.
El presunto autor del hecho es Alexander Roca Suárez, también detenido por violencia familiar y autodenominado “jefe de disciplina” en el lugar. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la FELCC, Roca reaccionó violentamente al ver a Salvatierra caminar sobre los cuerpos de otros internos que dormían en el suelo. Alegó que su intención era "corregirlo", pero terminó asfixiándolo tras sujetarlo del cuello y empujarlo contra una pared.
La fiscal Rose María Barrientos formalizó la imputación por homicidio, y la jueza Janeth Paniagua dictó detención preventiva, aunque Roca ya se encuentra bajo custodia en el penal.
El pabellón PC-8 se ha convertido en un símbolo del colapso penitenciario: tres celdas albergan a unas 500 personas, que duermen sobre cartones y frazadas viejas. La situación en Palmasola es crítica. Con más de 10.000 internos, la cárcel supera por mucho su capacidad, y el hacinamiento se ha vuelto insostenible. El pabellón PC-4, por ejemplo, alberga a unos 5.000 privados de libertad, mientras que más de 600 mujeres —muchas con hijos— sobreviven en el área femenina.
El caso de Salvatierra es el tercero con resultado fatal en lo que va del año dentro del penal. Uno de los más estremecedores ocurrió el 12 de enero, cuando una visitante fue asesinada por su pareja, un recluso, quien luego se quitó la vida. Días antes, otro interno perdió la vida violentamente en el penal de Montero.
Pese a los esfuerzos del Régimen Penitenciario, junto al Órgano Judicial y el Ministerio Público, por acelerar procesos y descongestionar los recintos con medidas sustitutivas, los resultados siguen siendo limitados. La mayoría de los internos carece de acceso a defensa legal y a procesos judiciales oportunos, lo que prolonga su permanencia en prisión sin sentencia.
Organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que las cárceles bolivianas no solo violan normas mínimas de habitabilidad, sino que fomentan un entorno de violencia estructural. La falta de infraestructura, atención médica y programas de reinserción solo agrava una crisis que se repite, una y otra vez, sin soluciones de fondo.
