Los principales representantes del sector productivo nacional expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de importar 30.000 toneladas de trigo y 7.500 toneladas de harina de alta calidad, una medida que, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, está orientada a abastecer al sector panificador y estabilizar el mercado interno.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el vicepresidente Yamil Nacif cuestionó que se destinen recursos públicos a compras externas cuando todavía existe producción disponible en el territorio nacional, exigiendo que el Estado priorice el grano local antes de mirar hacia el mercado internacional.
"Lo que tenemos que decir es que cualquier recurso que tenga el Estado es para comprar trigo boliviano; cuando se acabe el trigo boliviano recién pensar en comprar del exterior", manifestó Nacif.
En la misma línea, el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, advirtió que la importación gubernamental genera incertidumbre y desalienta la inversión privada, recordando que el sector había solicitado previamente que el Estado compre la producción nacional a un precio competitivo para fomentar la siembra. De acuerdo con Hernández, las autoridades habían argumentado anteriormente escasez de fondos y no intervención en el mercado, por lo que el actual anuncio resulta contradictorio.
Como consecuencia de la falta de incentivos y señales claras de compra, el ejecutivo de Anapo indicó que este año la superficie sembrada cayó a apenas 57.000 hectáreas, una de las cifras más bajas de los últimos treinta años, lo que golpeará de forma directa la próxima cosecha nacional.
