El expresidente peruano Ollanta Humala abandonó el penal de Barbadillo luego de que el Tribunal Constitucional de Perú anulara la sentencia de 15 años de cárcel dictada en su contra por el delito de lavado de activos.
El máximo tribunal determinó que el proceso carecía de sustento legal, debido a que la ocultación de aportes de campaña no estaba tipificada como delito al momento de los hechos.
Al salir del recinto penitenciario, Humala denunció persecución política y judicial: “El 15 de abril de 2025 fui secuestrado por el Estado. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”.
El exmandatario acotó que la medida judicial afectó severamente a su familia, obligando al asilo de su esposa en Brasil y a la salida de sus hijos del país.
La resolución también beneficia a la ex primera dama Nadine Heredia, quien se encontraba procesada en la misma causa.
De esta manera, la justicia dejó sin efecto los cargos por presuntos financiamientos irregulares asignados a las campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la empresa Odebrecht y del Gobierno venezolano.
Sobre la decisión, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, señaló que el país vive en un estado de derecho y subrayó la importancia de acatar los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional.
