Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela negocian un acuerdo para otorgar a empresas estadounidenses el acceso y explotación de 17 campos petroleros en Venezuela mediante esquemas que contemplan arrendamientos de hasta 100 años, reportaron agencias internacionales cómo Reuters, Axios y Bloomberg.
Washington y Caracas sostienen conversaciones para definir las condiciones de acceso a los recursos energéticos del país suramericano. Funcionarios de la administración de Donald Trump buscan asegurar un suministro constante de crudo hacia las refinerías estadounidenses, en un escenario marcado por la demanda en los mercados internacionales y la escasez derivada de conflictos recientes en Oriente Medio.
El proceso de negociación contempla la selección de un grupo de campos petroleros para ser desarrollados por compañías privadas de Estados Unidos a través de licitaciones. Las conversaciones son conducidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Esto es real y se está debatiendo en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela”, afirmó una fuente familiarizada con las conversaciones.
Campos petroleros incluidos en la negociación
Un documento al que accedió la agencia Reuters identifica 17 áreas contempladas en las discusiones bilaterales. Entre ellas se encuentran yacimientos pendientes de desarrollo en la Faja Petrolífera del Orinoco y campos maduros situados en el Lago de Maracaibo, algunos operados previamente mediante contratos con empresas extranjeras.
Los campos involucrados concentran cerca de 90.000 millones de barriles de reservas probadas, de acuerdo con estimaciones de Axios. El objetivo principal de la Casa Blanca consiste en incrementar el flujo de suministro para abastecer al mercado interno y reducir las presiones sobre el costo de los combustibles.
Las fórmulas analizadas por los equipos negociadores incluyen contratos de arrendamiento con una vigencia de hasta un siglo. El propósito de este mecanismo es dotar de estabilidad a las operaciones y facilitar la llegada de capital extranjero para reactivar la infraestructura de producción hidrocarburífera.
Por su parte, legisladores, analistas y especialistas legales evalúan el alcance de esta propuesta frente a los límites normativos que regulan la administración de los recursos naturales en territorio venezolano.
Antecedentes de la reforma a la ley de hidrocarburos
Las conversaciones se desarrollan meses después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La modificación normativa amplió los márgenes de participación para la inversión privada en las actividades primarias de la industria, permitiendo que compañías nacionales y extranjeras asuman la gestión operativa y financiera de los proyectos.
A pesar de esta apertura comercial, la legislación mantiene disposiciones sobre la titularidad de los recursos energéticos.
“La República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos en los que operen compañías privadas”, señala el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela.
Especialistas en derecho constitucional señalan que la normativa vigente no contempla de forma expresa el arrendamiento de bloques petroleros a administraciones extranjeras, mientras que la Constitución establece restricciones sobre el control de las actividades estratégicas del sector.
Asimismo, actores del ámbito económico e institucional han manifestado la necesidad de establecer condiciones que garanticen la estabilidad de las inversiones a largo plazo.
“Un gobierno interino ilegítimo con una Ley de Hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional”, aseveró Ricardo Hausmann, economista venezolano.
Producción actual y perspectivas institucionales
La producción petrolera en Venezuela se sitúa en aproximadamente 1,25 millones de barriles diarios, una cifra que representa una variación respecto a periodos anteriores, aunque se mantiene por debajo de los volúmenes registrados en décadas pasadas.
En forma paralela al proceso de diálogo diplomático, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dispuso ajustes en diversas licencias que regulan las operaciones comerciales relacionadas con PDVSA y el suministro de insumos para el sector energético.
Durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el control estatal de los hidrocarburos constituyó un eje central de la política oficial. El desarrollo actual de negociaciones con Washington sobre derechos de explotación a largo plazo marca una modificación en la gestión de la política energética del país.
Representantes del gobierno estadounidense indicaron que el diseño de los acuerdos contempla esquemas orientados a generar contraprestaciones económicas para la nación suramericana.
