La senadora Elena Pachacute, de la alianza Libre, rechazó el viernes el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fija el fin de la subvención a los combustibles para enero de 2027, al advertir que la medida golpeará a los sectores vulnerables y carece de transparencia oficial.
El pacto técnico alcanzado entre el Ejecutivo y el organismo internacional desató un cruce de posturas en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el costo social y la sostenibilidad macroeconómica de la medida.
Desde la alianza Libre, Pachacute cuestionó con dureza el impacto que la supresión del subsidio generará en la economía popular.
"Quitar la subvención en 2027 afectará a los sectores vulnerables, así como los pasados decretos acerca del combustible", aseveró la legisladora, quien recriminó la falta de información pública sobre las negociaciones.
En esa línea, la senadora adelantó que su bancada frenará futuras iniciativas normativas vinculadas al endeudamiento con el organismo financiero.
"No la vamos a apoyar, no vamos a apoyar más normativas ni préstamos como este del Fondo Monetario, ¿dónde están las condiciones?, ¿la transparencia absoluta?", cuestionó Pachacute, reiterando que buscarán que se transparenten los acuerdos suscritos entre el Estado y el FMI.
En contraste, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, respaldó el crédito internacional y el cronograma de desarticulación del subsidio al considerarlos urgentes para superar la crisis económica
Bilbao aseguró que los recursos obtenidos serán canalizados hacia la construcción de carreteras, salud, educación y la atracción de inversores extranjeros, descartando que el dinero sea destinado a la cobertura de bonos.
Sobre la eliminación de la medida carburante, la diputada defendió su ejecución a partir de 2027 bajo criterios de sostenibilidad fiscal.
"La subvención ya no puede mantener al país y eso lo sabemos todos", declaró la diputada del PDC.
Desde el Gobierno se argumentó que el compromiso de eliminar por completo la subvención a los combustibles responde estrictamente a la responsabilidad fiscal del Estado y desestimaron que se trate de una imposición externa, abriendo un escenario de debate legislativo sobre el futuro económico del país.
