La eliminación de la subvención al diésel comenzó a sentirse en Bolivia con un nuevo precio de Bs 17,95 por litro y el reconocimiento del propio Gobierno de que la medida tendrá efectos sobre los precios. El vocero gubernamental José Luis Gálvez evitó proyectar cuánto podría subir la inflación, pero admitió que habrá una afectación, aunque sostuvo que el impacto no se trasladará completamente a los consumidores.
El Ejecutivo defendió la decisión como parte de un ajuste destinado a terminar con un esquema que, según sus autoridades, obligaba al Estado a comprar combustible a precios internacionales para venderlo por debajo de su costo. El Gobierno aseguró que destinaba alrededor de 55 millones de dólares semanales a sostener la subvención y señaló que una parte del combustible terminaba desviada hacia actividades ilegales.
Para amortiguar el impacto, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de medidas que incluye Bs 800 millones en créditos con condiciones preferenciales para transportistas, gremiales, artesanos, comerciantes y productores; el incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300; un nuevo pago del programa PEPE II; facilidades para créditos de vivienda social y medidas tributarias para la importación de maquinaria, equipos e insumos productivos.
Mientras el Gobierno sostiene que estas acciones permitirán reducir los efectos del ajuste, en distintas regiones ya comenzaron a registrarse cambios en el transporte y en algunos precios. En Sucre, un sindicato de micros elevó unilateralmente las tarifas, aunque la Alcaldía ratificó que los pasajes vigentes se mantienen mientras continúe el diálogo con los transportistas. En paralelo, las filas por diésel prácticamente desaparecieron, pero continuaron las largas esperas para adquirir gasolina.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, aclaró que, por el momento, la gasolina mantiene su precio de Bs 6,96 por litro. Explicó que el Gobierno trabaja en una mayor incorporación de etanol para diversificar el abastecimiento y descartó, por ahora, una decisión similar a la adoptada con el diésel.
La medida también abrió un nuevo escenario de tensión con el sector del transporte. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un ampliado nacional para este lunes, donde definirá si exige únicamente la abrogación del Decreto Supremo 5716 o si adopta medidas de presión, entre ellas bloqueos de carreteras.
Las reacciones políticas y empresariales también fueron diversas. Jorge Quiroga cuestionó que los precios internos queden expuestos a la volatilidad internacional y observó el viaje de Paz a Estados Unidos. Samuel Doria Medina pidió acelerar las medidas de compensación, mientras que el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco respaldó la decisión. La Cámara Nacional de Comercio, por su parte, señaló que el nuevo esquema debe ir acompañado de garantías de abastecimiento y transparencia sobre la estructura de costos.
El Gobierno reiteró su convocatoria al diálogo con transportistas, productores, gremiales, trabajadores y otros sectores, mientras el país comienza a enfrentar las consecuencias de un cambio que modifica el precio de uno de los principales combustibles utilizados para el transporte y la actividad productiva.
