La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad, que sanciona el cierre de carreteras y responsabiliza a las autoridades que omitan atender conflictos.
La iniciativa, remitida al pleno para su tratamiento, fija sanciones de tres a 10 años de cárcel para quienes interrumpan la circulación en vías públicas.
El presidente de la comisión, Manolo Rojas, precisó: “Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas, donde se ha creado un tipo penal que prohíbe de toda manera el bloqueo”.
El texto establece ademas penas de hasta seis años y dos meses de prisión para los servidores públicos que incumplan sus funciones ante un conflicto.
La norma concede a las autoridades un plazo de 15 días hábiles para atender las demandas recibidas y aclara que la protesta pacífica se respeta mientras no vulnere derechos de terceros.
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