Bolivia quedó bajo los reflectores internacionales tras la publicación del “Informe Mundial sobre Drogas 2025” de la ONU, que advierte sobre una forma particular de narcotráfico que crece silenciosamente en el país: redes familiares que operan sin jerarquías visibles, esquivando los métodos tradicionales de persecución y control.
A diferencia de los cárteles poderosos que dominan territorios en México o Brasil, en Bolivia el narcotráfico se teje a través de clanes familiares y pequeñas células que cooperan entre sí, sin necesidad de usar violencia para imponer dominio. Este modelo descentralizado, también identificado en redes criminales de Albania, Nigeria o el sudeste asiático, se enfoca en el comercio fluido de drogas, especialmente cocaína, desde la producción hasta la salida hacia mercados internacionales.
Estos grupos se dividen tareas como transporte, acopio, distribución y lavado de dinero, lo que permite que, aun si una parte es capturada, el resto siga operando. Su estructura flexible los hace casi invisibles y mucho más resistentes a los golpes estatales.
La ONU advierte que desarticular estos grupos requiere más que operativos: se necesita infiltrar sus redes, romper la confianza interna y debilitar la colaboración entre clanes. Solo así se podrá afectar el funcionamiento de este modelo criminal de bajo perfil, pero de alto impacto.
Además, el informe sitúa al narcotráfico como el motor financiero más potente del crimen organizado a nivel global. En 2016, solo el mercado de drogas en EE. UU. generó 146.000 millones de dólares, cifra que ilustra el poder económico que estas redes manejan y su potencial para desafiar incluso la autoridad de los Estados.
La advertencia está hecha: en Bolivia, el enemigo no se presenta como un cártel, sino como una red de familias que han hecho del narcotráfico un negocio heredado, silencioso y difícil de erradicar.
